Puerto Aysén – A fines del año 2022, y como es la tónica en varias reparticiones públicas, decenas de funcionarios a honorarios de la municipalidad de Aysén fueron desvinculados de la entidad que dirige el alcalde Julio Uribe Alvarado. En dicha nómina de desvinculados estaban los nombres de Cristina Solis, Lucía Martínez, Soledad Millatureo y Tamara Hernández, quienes no aceptaron dicha determinación y decidieron emprender acciones judiciales, interponiendo recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Dichas acciones fueron acogidas en su oportunidad por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, lo que motivó que el municipio recurriera a la Corte Suprema, órgano que a fines de 2023 y en enero del presente año decidió reafirmar lo indicado por el tribunal regional y con ello decretar el reintegro de las profesionales.
Lo dictaminado por el máximo tribunal del país, fue bien recibido desde la Asociación de Funcionarios de la municipalidad de Aysén valoraron los fallos, quienes eso sí, igualmente dicen ver con preocupación el proceder de la administración municipal dirigida por Julio Uribe.
Según documentos a los que pudo acceder Aysén Al Día, en su oportunidad la municipalidad de Aysén, a fin de justificar la desvinculación de una de las afectadas, le señaló que “el déficit presupuestario de la Dirección de Educación Municipal ha provocado un menoscabo en las arcas municipales, debiéndose realizar diversas modificaciones presupuestarias con el propósito de garantizar la continuidad de la referida dirección y de todos los servicios que ésta brinda en la comunidad”, esgrimieron.
Si se hace un análisis de los salarios de las cuatro funcionarias y de lo que dejaron de percibir por ser marginadas injustamente por el municipio, ello implica que ahora la entidad que dirige Julio Uribe Alvarado deberá cancelar poco más de $54 millones.
